Legislación sobre canales de denuncia de irregularidades

La mayoría de las leyes y reglamentos nacionales de los Estados miembros europeos ya abordan la denuncia de irregularidades y la protección del denunciante. El objetivo de la Directiva es crear un nivel mínimo de protección en todos los Estados miembros.

El primer paso consiste en determinar las personas que pueden acogerse a la protección, y la Directiva amplía significativamente este público al ampliar el sitio scope de los denunciantes. Además de los trabajadores, una amplia variedad de personas pueden denunciar en un contexto relacionado con el trabajo, lo que debe interpretarse en sentido amplio; incluye actividades actuales y pasadas relacionadas con el trabajo, contratistas y proveedores, así como accionistas o solicitantes de empleo. Además, debe proporcionarse protección a otras personas que puedan sufrir represalias indirectas debido a una denuncia. Entre estas personas pueden figurar facilitadores, colegas o familiares del denunciante.

En virtud de esta directiva, los denunciantes estarán protegidos frente a represalias por denunciar infracciones en los siguientes ámbitos:

• Contratación pública; servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; seguridad y conformidad de los productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; protección contra las radiaciones y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; y protección de la intimidad y los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.

Para salvaguardar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, los denunciantes seguirán estando protegidos independientemente de si informan de infracciones internamente dentro de su organización a cualquier autoridad externa o a través de plataformas en línea o medios sociales.